Congreso busca Agilizar Expulsiones de Migrantes

El Congreso Nacional despachó este martes el proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de migrantes, incorporando la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a domicilios, previa autorización judicial, para detener a personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.

Según señala Bíobío Chile, la tramitación concluyó luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta con 37 votos a favor y una abstención, sumándose al respaldo previo de la Cámara de Diputados, que obtuvo 128 votos a favor y 11 en contra.

La aprobación ocurrió pocas horas después de que el presidente José Antonio Kast emplazara al Parlamento a respaldar la propuesta, en el marco de las gestiones del Gobierno para expulsar a seis extranjeros detenidos durante los incidentes del 18 de octubre.

Entre sus principales modificaciones, el proyecto establece que la PDI podrá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un inmueble, exclusivamente con el propósito de detener a una persona que tenga una orden de expulsión administrativa firme y ejecutoriada.

Esto significa que la policía no podrá ingresar libremente a cualquier domicilio por el solo hecho de que una persona se encuentre en situación migratoria irregular. Además, la medida estará sujeta a requisitos legales y al control previo de un tribunal.

La reforma también aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente y fortalece el registro de datos biométricos de personas en situación irregular.

Asimismo, contempla mecanismos para obtener información que facilite la notificación de los procedimientos de expulsión, con restricciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, además de excluir a establecimientos educacionales y de salud.

Según informó el Senado, la presidenta de la Comisión Mixta, Danisa Astudillo, destacó que los acuerdos alcanzados incorporaron recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.

Sin embargo, durante el debate parlamentario también surgieron advertencias sobre las dificultades para llevar las nuevas disposiciones a la práctica.

Los senadores plantearon que su aplicación requerirá recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional, por lo que insistieron en la necesidad de contemplar financiamiento en el Presupuesto 2027.

De esta manera, aunque el Congreso completó la tramitación de la reforma, su despacho no garantiza por sí solo un aumento de las expulsiones de migrantes. Además, la iniciativa todavía debe cumplir los trámites constitucionales correspondientes antes de su promulgación, publicación y entrada en vigor.